A través de una acción civil publica, emprendida por el Ministerio Publico, se obtuvo la sentencia de la Primera Vara Federal de Foz de Yguazú que ordena al gobierno federal del Brasil elaborar un plan de seguridad para la región, en el trecho que se extiende desde la represa Itaipú, hasta las tres fronteras sobre el río Paraná e Iguazú.
La orden fue firmada por el juez Sergio Luis Ruivo Marques, dio un plazo de 12 meses para elaborar el proyecto y de 18 meses para ejecutarlo. El objetivo es combatir con más eficiencia los delitos transnacionales como el contrabando y el tráfico de drogas y armas.
La acción se debe coordinar entre los organismos federales, como Receita Federal (Aduana), Fuerza Nacional de Seguridad, Policía Federal de Foz de Yguazú y Delegación Especial de la Policía Marítima (Depom). Igualmente se habla de incrementar la fuerza real efectiva.
En caso de incumplimiento y no presentación del proyecto dentro de los plazos previstos o no ejecución, será aplicada una multa diaria en el valor de 1 mil reales que será destinada a los fondos de Derechos Difusos.
Además el gobierno federal debe proveer, dentro de seis meses, aumentar la cantidad de agentes de la Policía Federal de Foz de Yguazú, y proveer a la Depom de más embarcaciones blindadas, con especificaciones técnicas o superiores las que actualmente están siendo utilizadas.
El documento refiere que a partir de la elaboración de un plan específico, con metas y cronogramas, el gobierno federal podrá establecer la mejor forma de hacerla cumplir dentro de la misión constitucional de garantizar la fiscalización de sus fronteras, «de modo a cohibir las prácticas de crímenes transacciones, sobre todo el narcotráfico, el tráfico internacional de drogas, armas y municiones en esta región».
La acción civil pública promovida por el Ministerio Público se inició en el año 2014, y se basa en informes que hablan de la fragilidad de las acciones para combatir los crímenes transnacionales, como tráfico de drogas y armas en la frontera. Habla de un trabajo de investigación que se remonta al año 2007 acompañada de levantamiento de pruebas y diversas informaciones referentes al problema de seguridad en la región.
Durante el proceso, el MPF presentó diversas pruebas, inclusive datos sobre la violencia en la región de frontera, además de reportajes periodísticos, visitas técnicas en varios puntos de intereses turístico realizado por el Consejo Municipal de Turismo de Foz de Iguazú y el aumento del número de procesos policiales en la región. Igualmente revelan la carencia de personal en los cuadros de la Receita Federal que se traduce en la fragilidad de los controles aduanera.
CIFRAS. Según estimaciones de la Policía Federal, el narcotráfico, el contrabando de armas y crímenes mueve unos 18 billones de dólares en la frontera. «La elaboración de un plan de seguridad, como determina la sentencia, puede representar un gran paso para la contención de crímenes transnacionales en la región, que tendrá su reflejo en el combate a la criminalidad en grandes centros urbanos del país. El tamaño de la frontera brasileña desafía la capacidad de fiscalización estatal, por eso con planeamiento es posible reducir significativamente la entrada de drogas y armas», resalta el procurador de la República, Alexandre Collares Barbosa.
