Una vivienda ubicada en el kilómetro 16 Monday, a unos 1.000 metros de la ruta PY02 en Minga Guazú, fue allanada este miércoles como parte de una investigación relacionada con el narcotráfico. El lugar pertenece a Juan Alberto Figueredo, conocido en el ámbito criminal como «Tuku», y es señalado como un punto clave para la distribución de drogas y la planificación de delitos, según informaron las autoridades.

El procedimiento, que se realizó alrededor de las 15:00 horas, estuvo encabezado por el fiscal especializado en la lucha contra el narcotráfico, Elvio Aguilera, con el apoyo de personal antinarcóticos de la Policía Nacional y agentes de la Comisaría 8ª de Minga Guazú. Durante el allanamiento, se incautó una pistola calibre 9 mm con un cargador de 16 proyectiles y un DVR de circuito cerrado, que podría contener grabaciones importantes para la investigación.

La vivienda cuenta con un salón al frente donde funcionan una peluquería y una venta de bebidas. En el mismo predio también opera una cancha de piki voley, frecuentada por personas de dudosa reputación, y según los investigadores, era utilizada para la venta de estupefacientes y como punto de encuentro para planificar robos y otros delitos.

El allanamiento fue realizado bajo una orden judicial emitida por el Juzgado Penal de Garantías de Ciudad del Este, firmada por la jueza Paola Nagele Albrecht. Las autoridades no descartan más procedimientos en el marco de esta investigación.

En el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades durante la gestión del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, el Ministerio Público llevó a cabo una serie de allanamientos en Alto Paraná. Las operaciones estuvieron a cargo de los fiscales anticorrupción Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero, quienes centraron sus acciones en empresas y viviendas vinculadas a las sospechas que rodean la administración de Prieto.

Uno de los allanamientos se realizó en la residencia de Fátima Sartorio, dueña de la empresa FASV Import Export, la mayor proveedora de alimentos escolares en Alto Paraná. Sartorio, quien atendió a los fiscales en su domicilio en Presidente Franco, afirmó que colaborará con la entrega de toda la documentación requerida. “No tenemos nada que esconder. Vamos a proveer todo lo que necesiten, pero yo no fui la proveedora en la investigación que están haciendo”, declaró. La Fiscalía está investigando la compra de alimentos destinados a ollas populares y kits de alimentos no perecederos durante la pandemia, donde se mencionan facturas emitidas por FASV.

Otro de los procedimientos tuvo lugar en el barrio San Roque, en el local de la empresa “Paraná Perforaciones”, propiedad de Bernardino Florentín, padre de Vanesa Florentín, expareja de Prieto y dueña de la empresa “VANEMI”, también investigada en el caso conocido como “Tía Chela”. En este allanamiento, la Fiscalía busca esclarecer la construcción de pozos artesianos realizados durante la pandemia. Se alega que estas obras fueron gestionadas a través de subcomisiones para evadir controles estatales.

Florentín negó cualquier tipo de irregularidad. “Todo está bien documentado. Ahora van a ir a verificar si los pozos se hicieron y si tienen la profundidad que figura en el contrato”, afirmó. También denunció lo que considera una persecución política, mencionando que la Fiscalía investigó incluso a su nieto de 9 años.

Estas acciones forman parte de una investigación más amplia sobre posibles delitos como lesión de confianza y otros hechos punibles relacionados con millonarios desembolsos realizados por la Municipalidad durante la administración de Miguel Prieto. El fiscal Néstor Coronel señaló que están en busca de documentos como facturas y recibos de pago que podrían confirmar los delitos investigados. “Con estos documentos vamos a ir construyendo las hipótesis fácticas para nuestras próximas diligencias”, afirmó.

La fiscal Luz Guerrero, por su parte, explicó que la investigación aún está en curso y que no se ha presentado ninguna imputación. “Nuestro trabajo es verificar si esos hechos ocurrieron o no, de acuerdo a lo que dice la denuncia”, indicó. Se espera que en los próximos días se realicen más diligencias para avanzar en el caso.

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, declaró ante el fiscal anticorrupción Silvio Corbeta en el marco de una investigación sobre supuestas compras irregulares de insumos para panificados durante la pandemia de COVID-19. Prieto negó las acusaciones y afirmó que el proceso tiene motivaciones políticas.

Según Prieto, las adquisiciones se realizaron de manera transparente y conforme a las normas vigentes. Durante su comparecencia, presentó documentos que, según él, demuestran la legalidad de las compras. También manifestó su disposición a colaborar con la justicia para esclarecer los hechos.

Sin embargo, la Fiscalía concluyó el proceso sobre un presunto fraude en una licitación vinculada a la gestión de Prieto. El fiscal Alcides Corbeta afirmó que cuentan con suficientes elementos incriminatorios y aclaró que su trabajo es investigativo, no político, en respuesta a los señalamientos del intendente, quien sigue sosteniendo que las acusaciones forman parte de una persecución.

La Dirección Nacional de Investigación Técnica (DNIT) descubrió irregularidades en la trazabilidad de los productos, lo que evidenció que no hubo una provisión real de mercaderías. Además, se detectó que una de las empresas beneficiadas en la licitación pertenece a un imputado, y que su sobrina fue una de las oferentes.

La Fiscalía prepara la imputación por posible corrupción, basándose en los hallazgos de desvío de recursos públicos en la licitación. A pesar de estas acusaciones, Prieto ha recibido apoyo de varios sectores que consideran que las denuncias responden a intereses políticos.