La senadora Yolanda Paredes presentó un proyecto de Declaración que solicita al Poder Ejecutivo y a la Secretaría de Emergencia Nacional la contratación de aviones hidrantes para enfrentar los focos de incendios en el Chaco Paraguayo. La parlamentaria hizo un llamado urgente al Gobierno para que busque asistencia de países vecinos en el combate de los incendios que están afectando severamente la región.

Paredes destacó que el fuego está consumiendo grandes extensiones de bosques nativos y advirtió sobre el daño a la fauna y la flora. La senadora hizo hincapié en la necesidad de no permitir que la situación continúe deteriorándose y subrayó que es crucial tomar medidas para proteger el medio ambiente.

Además, la senadora expresó su preocupación por la falta de acción del Ministerio Público. Paredes instó a esta institución a investigar la situación, identificar a los responsables de los incendios y tomar las acciones correspondientes.

El proyecto de Declaración busca movilizar recursos y apoyo para mitigar los efectos de los incendios y evitar mayores daños en la región del Chaco, que enfrenta una situación crítica debido a los incendios forestales.

El presidente Santiago Peña instruyó a las instituciones estatales y binacionales a coordinar esfuerzos para enfrentar los incendios forestales que afectan al departamento de Alto Paraguay. Durante una reunión realizada en Mburuvicha Róga este lunes, el mandatario pidió que se apliquen sanciones a los responsables de estos incendios, que ya destruyeron más de 84.000 hectáreas de bosques nativos.

El encuentro contó con la participación de representantes de varias instituciones, como el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), el Instituto Forestal Nacional (Infona) y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

“El presidente dio instrucciones para reforzar el combate a los incendios con todos los recursos disponibles”, declaró el ministro de Defensa, Óscar González, en conferencia de prensa posterior a la reunión.

Por su parte, la titular de Infona, Cristina Goralewski, informó que el foco de incendio, detectado el 2 de septiembre en Fuerte Olimpo, ya fue investigado y que se identificaron tanto la propiedad como a los posibles responsables. Sin embargo, no se ofrecieron más detalles debido a que el caso sigue en investigación.

Infona y el Ministerio del Ambiente anunciaron que en las próximas horas presentarán una denuncia penal ante el Ministerio Público. Además, se realizarán sumarios internos en ambas instituciones para determinar posibles responsabilidades administrativas.

El ministro de la SEN, Arsenio Zárate, aseguró que el incendio sigue activo pero está controlado. Informó que 50 miembros de las Fuerzas Armadas se trasladarán a la zona afectada para reforzar las tareas de combate al fuego, que ya cuentan con 100 personas en el terreno. Añadió que los propietarios de las estancias afectadas han colaborado facilitando sus instalaciones para los trabajos de extinción.

En cuanto a las sanciones, el ministro del Ambiente, Rolando de Barros Barreto, explicó que se multará a los responsables con montos que van entre 10.000 y 20.000 jornales. “Vamos a intervenir las propiedades y actuar directamente contra estas personas para que no vuelva a suceder”, indicó.

Barros también destacó el apoyo de los bomberos voluntarios y señaló que el gobierno exhorta a las empresas e instituciones a facilitar permisos para que sus empleados puedan unirse a las labores de combate a los incendios si es necesario.

El gobierno sigue monitoreando la situación y asegura que todos los recursos necesarios están disponibles para enfrentar los incendios en la zona del Chaco.

El Gobierno Nacional presentó su Plan Estratégico Seguridad para el Desarrollo 2023-2028, con el objetivo de reforzar las capacidades del país en materia de seguridad y defensa. Este plan busca coordinar los esfuerzos de diversas instituciones estatales para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad, en línea con la Visión Paraguay 2030, que plantea un país más seguro, democrático y transparente.

El plan identifica múltiples desafíos que afectan la seguridad nacional. Según el documento, estos problemas exigen una mayor coordinación entre las diferentes agencias del Estado, así como la modernización de recursos y la adopción de tecnologías avanzadas. El Gobierno considera que estos cambios son clave para anticipar y responder de manera efectiva a las amenazas internas y externas que enfrenta el país.

Una de las principales propuestas del plan es la necesidad de fortalecer la cooperación entre las distintas instituciones encargadas de la defensa y seguridad. Se plantea que esta colaboración es fundamental para optimizar los recursos disponibles y mejorar la eficacia en la toma de decisiones. El plan resalta la importancia de trabajar en equipo, de manera coordinada, para lograr una mayor eficiencia en el uso de medios y recursos.

Programas prioritarios

El plan estratégico también incluye una serie de programas prioritarios, que abarcan desde el fortalecimiento de las fuerzas públicas hasta la implementación de tecnologías de seguridad cibernética. Entre estos programas se destacan:

• Fortalecimiento de las Fuerzas Públicas: Mejorar la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.
• Armonización normativa: Actualizar las leyes y regulaciones para enfrentar los nuevos desafíos en materia de seguridad.
• Integración de inteligencia: Mejorar la coordinación entre los sistemas de inteligencia, protección y vigilancia.
• Seguridad cibernética: Proteger el espacio digital y fortalecer las capacidades tecnológicas del Estado.
• Integridad y lucha contra la corrupción: Promover políticas para combatir la corrupción dentro de las instituciones de seguridad.
• Fortalecimiento del capital social: Mejorar la relación entre las fuerzas de seguridad y la ciudadanía.

Ejes estratégicos del plan

El documento establece cinco ejes estratégicos que guiarán las acciones del gobierno en el área de seguridad:

• Seguridad del Estado: Proteger la soberanía nacional y combatir a los grupos ilegales.
• Protección ciudadana: Garantizar la seguridad de las personas y sus bienes.
• Fortalecimiento institucional: Asegurar que las instituciones funcionen de manera eficiente.
• Protección de infraestructura crítica: Proteger los servicios esenciales del país.
• Defensa civil: Preparar al país para enfrentar desastres naturales y emergencias.

El plan estratégico se desarrollará durante los próximos cinco años, con la participación activa de diversas instituciones del sector público y privado, así como de la sociedad civil. El Gobierno espera que, a través de estos esfuerzos conjuntos, el país pueda enfrentar de manera efectiva las amenazas a su seguridad y avanzar hacia un desarrollo sostenible.

El documento enfatiza que el éxito del plan dependerá de la cooperación entre todas las partes involucradas y del uso eficiente de los recursos disponibles.