Como ciudadano de Alto Paraná, me resulta preocupante esta iniciativa del gobernador César Landy Torres de organizar un curso llamado «Academia de Liderazgo Joven». A primera vista, podría parecer una buena idea, pero cuando se analiza, queda claro que esta idea no se enfoca en las necesidades más urgentes de nuestra comunidad.

La formación en liderazgo tiene su valor, no lo niego. Sin embargo, me pregunto: ¿es realmente lo que necesitamos en este momento? ¿O estamos perdiendo tiempo y recursos en programas que no ofrecen beneficios prácticos para nuestros jóvenes? Mientras se promueve el liderazgo, miles de jóvenes que terminan la secundaria en Alto Paraná se enfrentan a una realidad desalentadora: la falta de oportunidades laborales.

En vez de cursos teóricos, necesitamos que el gobierno departamental impulse y gestione programas de primer empleo. Es fundamental que nuestros jóvenes tengan acceso a oportunidades laborales que les permitan ganar experiencia y confianza. Lamentablemente, no existe un plan de gobierno que aborde esta problemática de manera efectiva. En su lugar, vemos una proliferación de cursos y seminarios que, aunque bien intencionados, carecen de practicidad y no responden a nuestras necesidades urgentes.

Además, mientras se organizan estos cursos, el departamento clama por obras de infraestructura vitales. Los caminos en mal estado, las escuelas deterioradas y la falta de una merienda escolar adecuada son problemas que afectan directamente a nuestra comunidad. La merienda escolar, en particular, sigue siendo una asignatura pendiente que compromete el bienestar y la capacidad de aprendizaje de nuestros estudiantes.

Es inaceptable utilizar recursos y atención hacia cursos de liderazgo cuando las prioridades reales y urgentes están siendo ignoradas. Necesitamos autoridades que se preocupen por impulsar programas de primer empleo y que atiendan las infraestructuras básicas. Estos son los problemas que realmente afectan nuestro día a día y que necesitan soluciones inmediatas.

Es hora de que el gobernador César Landy Torres y su administración reconsideren sus prioridades. Los jóvenes de Alto Paraná necesitan oportunidades de empleo reales y tangibles. Necesitamos caminos en buen estado, escuelas bien mantenidas y una merienda escolar adecuada. En resumen, necesitamos una administración que se enfoque en las verdaderas necesidades de nuestra comunidad.

Como ciudadano, llamo a nuestras autoridades a reevaluar sus políticas y enfocar sus esfuerzos en áreas que realmente beneficien a la comunidad. Solo así podremos ofrecer a nuestros jóvenes y a todos los ciudadanos de Alto Paraná las oportunidades y el apoyo que necesitamos para prosperar.

COLUMNA DE OPINIÓN.

En un intento cínico por lavar la imagen manchada de la Cámara de Diputados, su presidente Raúl Latorre ha lanzado un concurso de méritos y aptitudes que, en palabras, busca erradicar el nepotismo y la opacidad en la contratación de personal. Sin embargo, detrás de este supuesto gesto de transparencia y meritocracia se esconde una realidad vergonzosa y decepcionante.

El concurso, conocido como «Concurso Joven», promete seleccionar a 50 nuevos contratados mediante un examen de opción múltiple corregido por un sistema de lector óptico, eliminando la entrevista personal tradicional. Esto se presenta como un avance hacia la justicia y la igualdad de oportunidades, pero ¿qué tan real es este cambio?

La verdad es que la Cámara de Diputados ha sido durante años un feudo del padrinazgo político, donde cientos de funcionarios han sido colocados sin concurso público, basados únicamente en su cercanía con los parlamentarios de turno. Estos privilegiados no solo ocupan puestos con salarios exorbitantes, sino que muchos ni siquiera poseen el nivel académico mínimo necesario para desempeñar sus funciones de manera competente.

¿Qué garantía hay de que este nuevo concurso no sea simplemente una cortina de humo para distraer la atención pública? La credibilidad de la institución está en juego, y este gesto tardío hacia la meritocracia parece más una maniobra desesperada que una genuina reforma institucional.

Además, surge la indignación ante los salarios que recibirán los nuevos funcionarios, que en muchos casos no se condicen con los rigurosos requisitos académicos exigidos para otros puestos similares en el sector público. Es una bofetada a la ciudadanía, que ve cómo se dilapidan recursos en remuneraciones injustificadamente altas para quienes no han demostrado capacidad ni idoneidad.

El presidente Latorre y sus directivos deberían enfrentar estas críticas con honestidad y valentía, en lugar de intentar maquillar una realidad vergonzosa con un concurso que parece más una burla que una solución real. La población merece instituciones públicas que actúen con integridad y responsabilidad, no con simulacros de reforma mientras persiste el nepotismo y la falta de transparencia.

En resumen, este supuesto concurso de méritos no es más que otro capítulo de la larga historia de nepotismo encubierto en la Cámara de Diputados, un intento fallido de congraciarse con la ciudadanía mientras se perpetúan prácticas corruptas y elitistas. La indignación y el repudio son justificados ante un sistema que sigue premiando la cercanía política sobre el mérito genuino.

Ciudad del Este, conocida por su pujante actividad comercial y su posición estratégica en la región, una vez más se ve envuelta en titulares internacionales. Sin embargo, esta vez no es por sus negocios prósperos ni su diversidad cultural, sino por un evento que ha dejado otra mancha en su reputación: el reciente gran robo sufrido por los trabajadores cambistas.

El robo, catalogado como uno de los más grande del país, ha capturado la atención de medios de comunicación de todo el mundo. La magnitud del hecho y la manera en que fue ejecutado ha dejado atónitos a muchos, pero lo que es aún más preocupante es el impacto que este evento tiene en la percepción pública de Ciudad del Este y sus habitantes.

Desde hace tiempo, la capital del décimo departamento ha luchado contra la discriminación. A menudo es retratada como un paraíso para la actividad delictiva, una imagen que no hace justicia a la realidad de la ciudad ni a su gente trabajadora y honesta. Sin embargo, eventos como este robo solo refuerzan estereotipos dañinos y dificultan los esfuerzos por cambiar la percepción externa de la ciudad.

Este episodio no solo afecta la reputación de Ciudad del Este a nivel internacional, sino que también tiene consecuencias graves a nivel local. La confianza en las instituciones de seguridad se ve socavada, y los residentes se sienten cada vez más inseguros en su propio hogar. Además, el turismo y la inversión extranjera podrían sufrir un golpe significativo, lo que a su vez afectaría la economía local.

Es fundamental que los gobernantes, junto con la comunidad en su conjunto, se unan para combatir la discriminación hacia Ciudad del Este. Esto implica no solo abordar los problemas de seguridad de manera efectiva, sino también promover una imagen más precisa y positiva de la ciudad. La diversidad, la cultura vibrante y el espíritu emprendedor de sus habitantes son aspectos que merecen ser destacados y celebrados.