La Junta Municipal de Ciudad del Este fue escenario de una inesperada jugada política, luego de que cinco concejales aliados del intendente Miguel Prieto presentaran una minuta solicitando la intervención de la administración de su jefe. Lo curioso fue que, minutos después, los mismos concejales que firmaron el pedido terminaron rechazándolo en la votación, lo que generó confusión y críticas entre los sectores opositores y la ciudadanía.

La propuesta de intervención, firmada por los concejales Pedro Acuña, Víctor Torales, Sebastián Martínez, Allison Anisimof y Valeria Romero, todos de la bancada oficialista, coincidió con la acusación formal presentada este martes por la Fiscalía Anticorrupción contra Prieto y diez de sus colaboradores. Pese a lo que parecía un movimiento en contra del intendente, los ediles oficialistas deshicieron su propio pedido, lo que provocó que la bancada colorada se retirara de la sesión, argumentando que no querían prestarse al «juego» de los prietistas.

Este ambiente de tensión en la Junta Municipal se dio tras conocerse la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el intendente Prieto, quien fue imputado por los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio. La fiscalía, encabezada por Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, solicitó que el caso sea elevado a juicio oral, tras concluir su investigación.

Críticas desde la oposición

El concejal opositor Ernesto Guerin fue uno de los más críticos con la actuación de sus colegas oficialistas, calificando su comportamiento como un «amague» para desviar la atención de la acusación fiscal. «Cada vez son más ridículos», afirmó Guerin, refiriéndose a la contradicción de los prietistas al presentar la solicitud de intervención y luego rechazarla en el mismo acto.

Guerin advirtió que este tipo de maniobras políticas no hacen más que distraer a la ciudadanía de los problemas reales que enfrenta la administración municipal y pidió que no se permitan que este tipo de situaciones se sigan repitiendo.

La Municipalidad local sigue realizando controles tributarios en diferentes zonas de la ciudad. Este martes 24 de septiembre, funcionarios municipales clausuraron varios locales en la Plaza City del Km 8 Monday, debido a la falta de patentes comerciales, según informaron desde la División de Fiscalización Tributaria.

La intervención fue encabezada por la Dirección de Recaudaciones, con el apoyo de las áreas de Orden y Seguridad y Tránsito. Los comercios sancionados ya habían sido notificados previamente sobre el incumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Desde la comuna, instaron a los comerciantes a regularizar su situación para evitar el cierre de sus negocios. «Es importante que todos los contribuyentes se pongan al día con sus patentes para evitar estos inconvenientes», expresó Carlos Cantero, jefe de la División de Fiscalización Tributaria, quien además señaló que la mayoría de los comerciantes al día con sus obligaciones recibieron al equipo de control de forma respetuosa.

No se precisó cuántos locales fueron clausurados, pero la Municipalidad resaltó la importancia de que los comerciantes mantengan sus documentos al día para evitar interrupciones en sus actividades.

La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este presentó otra denuncia contra el intendente Miguel Prieto Vallejos. Esta vez, lo acusan de un supuesto desvío de dinero en un trabajo de medición de terrenos en la famosa finca 66. Con esta, ya suman 41 las denuncias en su contra, aunque solo dos han avanzado a imputaciones.

El caso se remonta a mayo de 2021, cuando Prieto firmó un contrato por más de G. 2.600 millones con la empresa Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, para medir y actualizar los datos catastrales de la finca 66. Este terreno es conocido por los problemas de titularidad que ha generado, lo que ha llevado a desalojos y conflictos con los vecinos.

La denuncia apunta a cinco puntos del contrato que los vecinos consideran sospechosos por sus altos costos. Por ejemplo, uno de los trabajos, que según la ley debería costar poco más de G. 5 millones, fue facturado en G. 267 millones. Otro caso similar es el cobro por el «amojonamiento» del terreno, un trabajo que ni siquiera estaba previsto en la resolución judicial, pero que de todas formas costó otros G. 267 millones.

También se cuestiona el gasto para publicar el resultado de la medición, ya que el único registro es un anuncio en un diario nacional que costó G. 585 mil, pero la factura total asciende a G. 267 millones. Además, critican el pago de esa misma cantidad por llevar al juez al terreno, algo que, según los denunciantes, no le costó nada a la Municipalidad porque ya estaba incluido en el proceso.

El abogado Víctor Enriquéz, quien presentó la denuncia manifestó que es inadmisible que el administrador comunal siga cometiendo este tipo de irregularidades sin recibir castigo. “Cómo le vas a tener a un intendente en su puesto, si dice que abonó 267 millones de guaraníes por la constitución de un juez, cuando que todos los abogados sabemos que no cuesta ese dinero, que no pasa de los 15 jornales mínimos”, indicó.

Por último, se señala un pago al MOPC y a Catastro por acompañar el trámite, cuando esos servicios son gratuitos o tienen costos muy bajos.

El intendente Prieto ha dicho que todas estas denuncias son parte de un ataque político en su contra, orquestado por personas que quieren aprovecharse de la Municipalidad y conseguir grandes sumas de dinero con demandas. «Que no siga diciendo que es persecución política, es persecución a un ladrón que está empotrado en la Municipalidad de Ciudad del Este”, manifestó finalmente el Abg. Víctor Enriquéz.