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Itaipu Binacional apaña privatización de parque público

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Directivos del Club Área 1, en su afán de expandir sus instalaciones, desde hace años vienen gestionando para que el Parque Guayaivi sea anexado al club privado, con la complicidad de directores y concejeros de Itaipu Binacional, según denuncias de dos exsocios del club, expulsados porque no comulgaban con la idea de anexar el área verde.

Los articuladores del plan son un pequeño grupo de jubilados y empleados de la binacional quienes vienen atentando contra enunciados del tratado, los principios misionales, objetivos estratégicos, normas de licitación, código de ética y acuerdos de pactos globales, entre otros.

Los denunciantes, molestos ante la injustificada pretensión de los socios del club privado sindican a Jorge Fariña, conocido como Fredy o GTI, quien ya en el 2004, a través de Ciudad del Este Rugby Club, buscó quedarse con el parque a través de una donación definitiva, hecho que no prosperó porque la Norma General de Licitación (NGL) lo prohíbe; en el 2014 intentó lo mismo, esa vez a través de una asociación denominada Asociación Área 1, integrada por ocho empleados activos de la Itaipu Binacional, siendo el vicepresidente, y desde hace algunos años, bajo el ropaje del Club Social del Área 1 buscan quedarse con el parque, para conservar la cancha de rugby para uso exclusivo de su grupo.

En el año 2018, existiendo un contrato en comodato para el cuidado del parque a favor del Club Social del Área 1, siendo presidente Miguel Santacruz, tesorero Edgar Lezcano y en conjunto con Jorge Fariña y Carlos Bourgeois, derribaron árboles nativos dentro del parque y realizaron movimiento de suelo, todo esto con la complicidad de Itaipu Binacional, que por la violación del contrato en comodato, nunca debió permitir tales trabajos, aseguran los denunciantes.

Movimiento de suelo realizado en el parque público.

En el año 2020, en plena pandemia, siendo presidente Edgar Lezcano, vicepresidente Jorge Fariña y tesorero Carlos Bourgeois, instalan en el Parque Guayaivi un cercado perimetral sin autorización de Itaipu Binacional, que es reclamado y denunciado por el socio del club y expresidente de la institución Ramón López que, al enterarse responsables de la entidad, ordenaron el retiro inmediato del cercado perimetral. La instalación de dicho cercado se realizó incluso cuando el contrato en comodato ya se encontraba vencido.


Desde finales del 2020, producto de notas de denuncias y reclamos al Director General y directores de la entidad, se resolvió no realizar modificación alguna en el parque hasta tanto se defina la continuidad o no del contrato en comodato; en julio del 2021, a pesar de esta disposición, un grupo reducido de miembros de la comisión directiva vuelve a hacer movimiento de suelo, sin conocimiento y sin autorización por parte de la entidad.

En este mes de noviembre, nuevamente realizaron movimiento de suelo sin la autorización de Itaipu. 

Dos socios, Ramón López y Julio César López, fueron expulsados por no estar de acuerdo con la privatización del parque por parte del Club Área 1.

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Vecino acusado de envenenar y matar a cuatro perros

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Un hombre denunció a su vecino por el supuesto envenenamiento y muerte de sus cuatro perros de diferentes razas. El hecho aconteció el 20 de mayo alrededor de las 08:00 horas en una vivienda ubicada en el barrio San Blas, en el distrito de Tavapy, sur del departamento de Alto Paraná.

El denunciante, Ever Diosnel Colmán Fretes (34), sindicó a su único vecino, Martín Persingola Núñez (76), como el responsable de este lamentable episodio. Según la acción radicada en la subcomisaría número 39 de la zona, se presume que el envenenamiento tuvo lugar en el inmueble de Persingola Núñez.

Los perros fallecieron después de vomitar chorizo y una sustancia venenosa, conforme se pudo precisar.

El dueño comentó que en la fecha y hora mencionadas, salió de casa en su vehículo para dirigirse a su chacra, mientras lo cuatro perros le siguieron hasta cierta distancia.

Luego, los animales regresaron y se dirigieron hacia la propiedad de Martín Persingola. Horas después volvieron a la casa de Colmán Fretes con los síntomas mencionados y fallecieron de inmediato.

El fiscal de turno de Santa Rita, José Silguero, intervino en la causa. Ever Diosnel se ratificó en su denuncia bajo acta.

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Informe de la Observadora de la UE: Ausencia de indicios de fraude y recuento de votos inviable

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En su último informe, la jefa adjunta de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Tania Marques, confirmó que no se encontraron pruebas sustanciales de fraude electoral y que un recuento de votos no es factible en este momento.

Marques destacó el desarrollo normal de las recientes elecciones y reiteró que, a pesar de las acusaciones de supuesto fraude, no existen pruebas claras al respecto. Además, respaldó la decisión de no abrir el Sobre 4 por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Dijo que el envío de un grupo de observadores electorales refleja el compromiso de la Unión Europea con el proceso democrático en nuestro país. Esta tercera misión de observación electoral de la UE tuvo la responsabilidad de brindar acompañamiento antes, durante y después de las elecciones generales.

Resaltó que todo el proceso electoral transcurrió de manera transparente, elogiando los esfuerzos de las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para fortalecer la confianza ciudadana. Acotó que el cómputo provisional y la revisión final de actas se llevaron a cabo sin contratiempos significativos.

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Operativo «apriete»: Fiscal incautó 500 celulares durante allanamiento

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En un supuesto operativo «apriete», el fiscal Luis Trinidad Colmán incautó al menos 500 celulares, argumentando que verificarán los respectivos IMEI en el marco de una investigación sobre robo agravado. El fiscal adjunto Jorge Sosa autorizó el procedimiento supuestamente irregular, conforme con los datos.

La intervención se realizó en la mañana de este sábado 20 en el edificio Multiplasss de Ciudad del Este. Los abogados del negocio afectado aseguraron que los artefactos están totalmente documentados y nada tienen que ver con el caso pesquisado, que sucedió en Caacupé el 25 de abril pasado.

Según datos, esa carga -sustraída por delincuentes- salió totalmente en frío, con anuencia de los responsables de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).

Se supo que esas mercaderías no fueron despachadas en Paraguay y están valuadas en 3,5 millones de dólares. Además, de acuerdo con las informaciones que se manejan, cuentan con facturas, pero no pasó por el despacho.

La Fiscalía, para sostener el dudoso operativo en el comercio esteño, afirma que los celulares confiscados forman parte de aquel atraco, pese a contar con la lista de características de todos los aparatos sustraídos en aquella oportunidad.

El interés desmedido del agente fiscal Trinidad sería por la recompensa que está ofreciendo el propietario de la carga robada y cuya cantidad asciende a 3 mil ítems, según las fuentes.

Al respecto, el fiscal adjunto del Área Penal N° 10, Jorge Sosa, dijo que no contaba con mayores datos, pues estaban investigando. No obstante, confirmó que todo lo incautado fue llevado hasta la sede fiscal para una supuesta revisión pormenorizada.

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