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Policiales y Judiciales

Imputan a comisario por secuestro de jóvenes brasileños

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El comisario principal Alcides Velázquez Iriarte (48) fue imputado por la agente fiscal Estela Mary Ramírez, por su supuesta implicancia en el secuestro de una pareja de brasileños. El caso es por los supuestos hechos punibles de Secuestro y Asociación criminal en carácter de cómplice.

Cabe recordar que con anterioridad, fueron procesados como autores los suboficiales Julio Darío Díaz Sosa (31), Osmar Antonio Paredes Arrúa (30), Eladio Inocente Giménez Caballero (35) y Gustavo Arnaldo Toledo González (35). Todos ellos se encuentran recluidos en una dependencia de la Dirección de Policía de Alto Paraná con pedido de prisión preventiva.

El supuesto hecho se habría registrado el 18 de enero último, a las 17:00 aproximadamente, en la localidad de Torín, departamento de Caaguazú, en la que resultaron víctimas Julia De Lima Venancio y Matheus Mangiocca, quienes circulaban en un vehículo, de la marca Jeep Renegade, con matrícula ENU 9688 del Brasil, cuando fueron retenidas en el retén ubicado en la Ruta N° 2.

Los agentes pidieron documentos personales y del vehículo a los visitantes. Éstos exhibieron las documentaciones y mostraron una foto de la autorización para conducir, que tenían guardado en el celular. El documento fue objetado por los intervinientes, quienes decidieron aprehender y trasladar a la pareja hasta la comisaría 21ª, a cargo del jefe policial Velázquez Iriarte.

Allí, los suboficiales les exigieron supuestamente la suma de 50 mil reales para no implicarlos en un supuesto tráfico de droga a Matheus y en prostitución a Julia De Lima. Para sustentar aquello, los uniformados fotografiaron al hombre con una bolsa de plástico en la mano y a la mujer le levantaron el short y también le tomaron imágenes, según refiere la imputación.

Las víctimas explicaron a los policías que no contaban con el dinero exigido, pero que podían conseguir 25 mil reales si le permitían a la mujer viajar hasta Foz de Yguazú para buscar la plata. Las dos personas fueron mantenidas privadas de su libertad hasta las 06:00 del día siguiente, siendo luego trasladadas a Ciudad del Este.

En la capital del Alto Paraná, los agentes obligaron a los afectados a impregnar sus huellas dactilares en un acta policial sin contenido, de fecha 19 de enero, que llevaba la firma del comisario Alcides Velázquez, hecho que demostraría que el mismo estaba al tanto de la supuesta actuación al margen de la ley de sus subalternos.

Seguidamente, Julia abordó un taxi y se dirigió hasta vecina ciudad brasileña para realizar la extracción de los 25 mil reales de una entidad bancaria, mientras Matheus seguía en poder de los sospechosos.

Una vez en el banco, la joven no pudo extraer el monto en cuestión, ya que posee una tarjeta de estudiante que le permite disponer solamente 5 mil reales en un día.

A raíz de esta situación, la misma entró en una crisis de llantos, alertando a los funcionarios del banco, que comunicaron el hecho a la Policía.

Los agentes brasileños acudieron a la entidad bancaria y dialogaron con Julia, quien confesó que su esposo estaba secuestrado en poder de los policías paraguayos. Las fuerzas públicas del Brasil comunicaron el hecho al Comando Tripartito de Ciudad del Este.

Los efectivos presuntamente implicados en el hecho se enteraron de que el caso se había filtrado, por lo que decidieron liberar a Matheus y regresaron a la zona de Caaguazú. No obstante, tras la denuncia formal, ese mismo 19 de enero, en horas de la noche, la fiscal Estela Ramírez allanó la comisaría de Torín y detuvo a los cuatro suboficiales. También ordenó la detención preventiva del titular de la comisaría, donde se registraron presumiblemente los hechos y ahora dispuso su imputación.

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Mujer choca contra una casa en Presidente Franco y da positivo al alcotest

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En la madrugada de este sábado, una mujer terminó detenida después de chocar su auto contra una casa en el barrio Santa Rosa de Presidente Franco. Según la Policía, estaba manejando bajo los efectos del alcohol.

El accidente ocurrió cerca de las 6:20 de la mañana en la avenida Brasil, a una cuadra de la capilla del barrio. La mujer, identificada como Francisca Verónica González Suárez, de 38 años, iba al volante de un KIA Soul blanco, modelo 2015, con matrícula WCDT 303 Py. En el vehículo también estaba un hombre, Elvio Céspedes Ramírez, mayor de edad.

Por razones que aún no se conocen, González perdió el control y terminó chocando contra la casa de Biviano Giménez Suárez, quien vive en la misma zona. La policía llegó al lugar luego de recibir el aviso del accidente.

La fiscal Viviana Sánchez ordenó que le hicieran la prueba de alcoholemia a la conductora, que fue trasladada hasta la base de la Patrulla Caminera en Ciudad del Este. El resultado del alcotest dio 0,374 mg/L, confirmando que había consumido alcohol antes de conducir.

Luego de los resultados, la fiscal decidió que González quedara detenida y a disposición de la justicia. También se informó que fue atendida en un centro de salud, pero no se dieron más detalles sobre su estado ni el de su acompañante.

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Alto Paraná, segundo departamento con más casos de abuso sexual infantil

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Entre 2014 y agosto de 2024, el Ministerio Público de Paraguay registró un total de 28.919 causas por abuso sexual en niños, siendo Alto Paraná el segundo departamento con más denuncias, alcanzando 2.970 casos. Estas cifras alarmantes fueron dadas a conocer por el Departamento de Estadísticas de la Dirección de Planificación del Ministerio Público, que también destacó la concentración de casos en otras regiones del país, exponiendo la gravedad de esta problemática a nivel nacional.

En el año 2014, se registraron 1.663 denuncias de abuso sexual infantil, con un promedio de 5 causas por día. Sin embargo, a lo largo de la década, este número ha ido en aumento. En 2015, las denuncias ascendieron a 2.071 y en 2017 alcanzaron las 2.346. Para 2019, el número de casos había crecido a 3.216.

Durante los años de la pandemia, el número de denuncias se redujo ligeramente: en 2020 se reportaron 2.656 y en 2021, 2.898 causas. Las restricciones de movilidad y el confinamiento pueden haber contribuido a una disminución en las denuncias, aunque los expertos sugieren que muchos casos quedaron ocultos debido a las condiciones de aislamiento.

El año 2022 marcó un nuevo pico en las denuncias con un total de 3.731 causas, mientras que en 2023 se registraron 3.487. Este aumento sostenido reflejó un promedio de 10 denuncias diarias en los últimos dos años. Hasta agosto de 2024, se han contabilizado 2.163 causas, lo que indica que la tendencia continúa.

Perfil de las víctimas y agresores

El informe señala que el 83 % de las víctimas de abuso sexual son niñas, mientras que el 17 % son niños. En cuanto a la edad, más de la mitad de las víctimas (52 %) tiene entre 10 y 13 años, seguido por un 34 % de menores de entre 5 y 9 años, y un 14 % de niños y niñas de entre 1 y 4 años.

En lo que respecta a los agresores, el 93 % son hombres y el 7 % son mujeres. El análisis de las edades de los abusadores indica que el 30 % tiene entre 18 y 29 años, mientras que un preocupante 26 % son menores de 18 años. Además, un 24 % de los agresores tiene entre 30 y 44 años, mientras que el 20 % restante se distribuye entre los 45 años o más.

Concentración geográfica de los casos

Los departamentos de Central y Alto Paraná concentran el 52% de las denuncias de abuso sexual infantil a nivel nacional. Entre ambos, han registrado 12.009 y 2.970 denuncias, respectivamente. Otros departamentos que presentan cifras alarmantes son Asunción, con 2.704 causas, Itapúa con 2.034 y Caaguazú con 1.455.

Intentos de abuso sexual también en aumento

Además de los casos consumados, se han registrado 931 tentativas de abuso sexual en niños en el mismo periodo. Las autoridades advierten que, aunque no se concretaron los abusos, las víctimas quedan con secuelas emocionales profundas que requieren atención psicológica especializada.

Secuelas y manipulación de los agresores

Las víctimas de abuso sexual infantil suelen sufrir una variedad de problemas emocionales y psicológicos. Entre las consecuencias más comunes figuran la ansiedad, depresión, baja autoestima, rebeldía, pánico, agresividad, autolesiones, e incluso tendencias suicidas. Muchas víctimas también desarrollan problemas para interactuar socialmente, experimentan sentimientos de miedo e inseguridad, y pueden verse involucradas en acciones delictivas como respuesta a su trauma.

El informe detalla, además, las formas en que los agresores manipulan a sus víctimas para asegurar su silencio. Entre las frases más utilizadas figuran: “No cuentes, porque nadie te va a creer”, “Es solo un juego” y “Si cuentas algo, mato a tus padres”. Estas amenazas buscan mantener a las víctimas en un estado de sumisión, prolongando el ciclo de abuso.

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Denuncian allanamientos ilegales con documentos falsificados

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Dos fiscales de Ciudad del Este denunciaron la realización de allanamientos ilegales en locales comerciales utilizando documentos falsificados. La denuncia fue presentada por los agentes Osvaldo Zaracho y Julio César Paredes, quienes señalaron que se llevaron a cabo procedimientos en los que se utilizaron firmas falsificadas de ambos.

Según la denuncia, presentada ante el Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre noviembre de 2023 y julio de 2024. Durante los allanamientos, se incautaron productos de la marca Hewlett-Packard (HP), como toners, tintas y chips, cuyo paradero actual se desconoce.

Los fiscales detallaron que los procedimientos se atribuyeron falsamente a ellos y que las actas utilizadas en los mismos contenían sus firmas falsificadas. Entre los documentos figuran copias con fechas de noviembre de 2023 y de meses posteriores.

Los allanamientos ilegales se realizaron en locales comerciales privados, según indicaron los fiscales, y los productos retirados no han sido localizados hasta el momento.

La denuncia fue presentada por los fiscales Zaracho y Paredes, quienes están a cargo de las unidades penales ordinarias números 10 y 8, respectivamente, de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este. El caso está siendo investigado por la fiscal de turno, Diana Gómez.

La presentación está basada en varios artículos del Código Penal, incluyendo los delitos de usurpación de funciones públicas, producción de documentos públicos falsos y hurto agravado.

El Ministerio Público investigará la responsabilidad de las personas involucradas en la falsificación de documentos y en la realización de los allanamientos sin autorización legal.

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