El Hospital Regional de Ciudad del Este cuenta desde este viernes con una moderna cabina de bioseguridad para la preparación de medicamentos oncológicos, gracias a un aporte de Itaipu Binacional. El nuevo equipo busca mejorar la calidad de atención a los pacientes de Alto Paraná, donde unas 45 personas reciben tratamiento de quimioterapia diariamente.

La cabina permitirá manipular fármacos libres de contaminantes como virus, bacterias y hongos, garantizando una mayor seguridad tanto para los pacientes como para el personal médico. Además, triplicará la capacidad operativa del servicio, ya que dos operadores podrán trabajar simultáneamente, facilitando la preparación de medicamentos en mayores cantidades.

Rogelio Sallaberry, asesor de Responsabilidad Social de Itaipu, destacó que esta donación se enmarca dentro de los lineamientos del gobierno nacional para fortalecer los servicios de salud pública. «Esta cabina será fundamental para garantizar la seguridad en la preparación de los medicamentos y proteger al personal que realiza esta labor crítica», mencionó.

El director del hospital, Federico Schrodel, resaltó la importancia de este nuevo equipo para el Pabellón Oncológico, calificándolo como un paso clave hacia la mejora en la atención oncológica en la región. «Con esta incorporación, el hospital se consolida como un referente regional en la preparación de tratamientos de quimioterapia», afirmó.

Actualmente, el hospital realiza hasta 45 sesiones de quimioterapia por día, y con la nueva cabina se espera optimizar los procesos y ofrecer medicamentos completamente esterilizados, lo que representa una mejora significativa para los pacientes.

La ceremonia de entrega contó con la presencia de autoridades locales, como la diputada nacional Rocío Abed y la doctora Noelia Torres, directora de la Décima Región Sanitaria, entre otros representantes del sector salud.

El Ministerio de Salud lanzó una campaña para concienciar sobre los peligros de la pirotecnia, especialmente en niños, durante las fiestas de fin de año. Con el lema “Estas fiestas celebremos con tradición, paz y amor, sin bombas ni dolor”, la iniciativa busca reducir los accidentes que cada año dejan víctimas con lesiones graves y secuelas permanentes.

Un caso grave de traumatismo de mano por fuegos artificiales puede costar entre 400 y 500 millones de guaraníes, según explicó el Dr. Jesús Marín, jefe de Mano y Microcirugía del Hospital de Trauma. Además, las lesiones suelen requerir de varias cirugías y hasta seis meses de recuperación, dejando cicatrices que afectan de por vida a los pacientes.

La ministra de Salud, María Teresa Barán, destacó que el objetivo es evitar casos de niños y adultos afectados por la manipulación de pirotecnia. “Esperamos que este año podamos decir cero casos. Más del 90 % de las víctimas de estos accidentes son niños y niñas”, advirtió.

Por su parte, el director del Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER), Dr. Saúl Zaputovich, resaltó que muchos de los accidentes ocurren porque los niños no comprenden el peligro de los fuegos artificiales. “Hemos visto casos donde un simple fosforito terminó con el paciente en terapia intensiva”, comentó.

Las autoridades recordaron que prevenir es la clave para evitar tragedias en estas fiestas. Optar por celebraciones sin pirotecnia no solo protege la salud de las personas, sino que también ayuda a mantener un ambiente más seguro y tranquilo para todos.

Organizaciones de personas con discapacidad del Alto Paraná aprovecharon el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre, para hacer un fuerte llamado al Estado. El mensaje es claro: las leyes están, pero no se cumplen.

En un comunicado, recordaron que Paraguay firmó en 2008 la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que desde entonces se han aprobado varias leyes para garantizar sus derechos. Algunas de estas normas buscan asegurar educación inclusiva, accesibilidad en el transporte, inclusión laboral, entre otros aspectos.

Sin embargo, según las organizaciones, muchas de estas leyes son “letras muertas”. Es decir, están en el papel, pero no se aplican en la vida real.

Las organizaciones también pidieron que se reduzcan las trabas burocráticas que complican su trabajo. Destacan que, ante la ausencia del Estado, son ellas las que llevan adelante proyectos y programas en beneficio de las personas con discapacidad.

Además, insisten en que es hora de dejar atrás el enfoque asistencialista y empezar a ver a las personas con discapacidad como sujetos de derechos. “Queremos un cambio cultural”, señalaron.

Otro punto importante es que piden trabajar en conjunto con el Estado, pero sin injerencias políticas. La idea es buscar soluciones reales que ayuden a la inclusión económica, social y comunitaria de las personas con discapacidad.

El mensaje final es contundente: “Somos menos cuando no incluimos a todos”. Una invitación a la reflexión y, sobre todo, a la acción.