Gremio de rematadores pide claridad en llamado de la Ande

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La Asociación de Rematadores del Paraguay (ARP), liderada por el Abg. Atilio Estigarribia, ha presentado una impugnación contra el reciente llamado a subasta realizado por la Administración Nacional de Electricidad (Ande), programado inicialmente para el 20 de enero y suspendido hasta nuevo aviso. El gremio alega que el proceso de convocatoria fue direccionado, dejando fuera a varios rematadores y exige transparencia en el procedimiento.

La Ande tiene previsto rematar diversos objetos y elementos en desuso, con un valor estimado de G. 2.142.465.000. Sin embargo, expertos en el área sugieren que el valor real de los objetos a ser subastados podría ser el doble de la cifra anunciada.

Los miembros de la ARP presentaron su denuncia ante el presidente de la Ande, Félix Sosa, cuestionando la validez del llamado a convocatoria de rematadores realizado del 5 al 8 de enero pasado. La impugnación se centra en un requisito específico que exige haber realizado al menos cinco remates para entes del Estado, considerado por el gremio como un factor excluyente para sus miembros y otros rematadores que operan de manera unipersonal.

Este no es el primer caso de impugnación por parte de la ARP, ya que, en anteriores ocasiones, instancias estatales realizaron convocatorias similares que fueron impugnadas por la asociación, resultando en decisiones favorables para el gremio.

Abg. Atilio Estigarribia, presidente de la ARP.

La ARP invoca artículos de la Constitución Nacional, como el 47, numerales 1 y 2, referentes a las Garantías de Igualdad ante la ley, la no discriminación (artículo 88) y la igualdad de las personas (artículo 46).

Cabe destacar que, en mayo de 2022, la Dirección Nacional de Aduanas respaldó la impugnación presentada por la ARP, lo que condujo a la inclusión de los miembros de la asociación y otros rematadores en el sorteo correspondiente al llamado para una subasta previa. En contraste con los dos últimos llamados, en este caso, la Ande está solicitando documentación que respalde haber realizado al menos cinco remates para entes del Estado, un requisito que no se había exigido en convocatorias anteriores.

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