El Gobierno Nacional, con apoyo de ITAIPU Binacional, entregó este martes 200 patrulleras y más de 1.700 equipos de comunicación a la Policía Nacional. El objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta de la institución y mejorar la seguridad en todo el país.

Esta entrega forma parte de un plan que busca equipar mejor a las fuerzas policiales en los próximos años. Según ITAIPU, la inversión para estos proyectos ronda los 97 millones de dólares y también incluye la construcción y refacción de comisarías.

Con esta nueva tanda de camionetas pickup, la Policía ya cuenta con 450 vehículos entregados este año. La primera entrega, realizada en septiembre, sumó 250 patrulleras que fueron distribuidas entre las comisarías de varios departamentos. En cuanto a los equipos de comunicación, hasta ahora se han entregado más de 2.000 unidades.

Desde el Gobierno explicaron que estas patrulleras ayudarán a las comisarías y subcomisarías de los 17 departamentos a reforzar su capacidad de intervención. Los equipos de comunicación, por su parte, buscan agilizar el trabajo policial y mejorar la coordinación durante operativos.

Este tipo de inversiones, según ITAIPU, son posibles gracias a los acuerdos alcanzados en la negociación de la tarifa con Brasil.

La entrega fue destacada como una señal de compromiso con la seguridad, pero aún queda por ver si estas acciones tendrán el impacto esperado en la lucha contra el crimen y la mejora de la seguridad ciudadana.

El Ministerio de Justicia emitió la Circular N.º 10/24, suspendiendo temporalmente el ingreso de menores de 18 años a los penales del país. Esta medida responde a la denuncia de un presunto caso de abuso sexual a un menor en el Centro de Rehabilitación Social (CERESO) de Itapúa. Según el comunicado, solo se permitirá el ingreso de menores mediante autorización judicial específica.

La disposición estará vigente hasta la implementación de un nuevo protocolo de visitas en los centros penitenciarios. Además, se insta a las autoridades penitenciarias a facilitar la comunicación telemática entre los internos y sus hijos como medida alternativa.

El Ministerio busca reforzar medidas de seguridad y prevención en los penales, en un contexto de creciente preocupación por la protección de los derechos de los menores en estos espacios.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) firmaron un convenio esta mañana para implementar la Plataforma de Oficios Judiciales, un sistema digital que busca simplificar los trámites entre instituciones públicas, eliminando el uso de papel y reduciendo tiempos en los procesos judiciales.

Durante el acto, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, resaltó la importancia de este acuerdo para modernizar la gestión pública. “Usar tecnología nos permitirá optimizar recursos y ahorrar tiempo. Con esto reducimos la burocracia, algo que beneficia tanto a las instituciones como a la ciudadanía”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la CSJ, Luis María Benítez Riera, señaló que el sistema facilitará una comunicación más rápida y segura entre los juzgados, tribunales y otras dependencias estatales. “Este avance tecnológico hará que los procesos sean más directos y confiables, lo que es clave para mejorar la relación entre las instituciones y el público”, comentó.

El sistema digital, que reemplazará al tradicional uso de documentos físicos, no solo promete mayor agilidad, sino también seguridad en la transmisión de datos y un registro claro de cada trámite. Esto, según las autoridades, ayudará a fortalecer la transparencia y mejorar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.

El ministro de la CSJ, Alberto Martínez Simón, también destacó que esta iniciativa es un paso hacia la eficiencia que tanto necesita el sector público. “Esto no solo beneficia a las instituciones, sino también a quienes dependen de ellas, ya que los procesos serán más simples y rápidos”, añadió.

La digitalización de los oficios judiciales forma parte de un plan más amplio de modernización del Estado, en el que se busca incorporar tecnología para mejorar la gestión pública. Además, el convenio reafirma la intención del Gobierno y del Poder Judicial de fomentar la transparencia en todos los niveles.

Entre los presentes estuvieron otras autoridades del MEF y la CSJ, quienes coincidieron en que este acuerdo marca un avance significativo en la forma en que se manejan los trámites judiciales en el país. Con esta alianza, el Estado apunta a un sistema más eficiente y accesible para todos.