Dos mujeres que se hacían pasar por religiosas fueron enviadas a juicio oral por someter a una adolescente de 16 años a maltratos y jornadas laborales sin pago. La decisión fue tomada por el juez penal de garantías Osmar Legal, especializado en Crimen Organizado.
La víctima denunció que fue engañada con la promesa de convertirse en novicia, pero terminó viviendo un verdadero calvario. Según la acusación de la fiscala Vivian Coronel, la adolescente fue obligada a trabajar sin descanso, soportar castigos crueles como golpes con cables, besar el piso cien veces y hasta que le arrojaran basura en la cabeza.
Todo comenzó en marzo del 2023, cuando la joven ingresó a un lugar llamado «Nuestra Señora de Caacupé», en el Km 14 de Minga Guazú, con el sueño de formarse como novicia. Una semana antes, Rufina Salinas, quien se hacía pasar por madre superiora, visitó a la madre de la joven en Ciudad del Este y la convenció de dejarla bajo su cuidado.
Ocho días después, la adolescente fue llevada a otro local en Luque, conocido como “Casa de la Reina de la Paz”, a cargo de Olga Bogado, alias “hermana Milagros”. Allí estuvo siete meses, sometida a jornadas laborales de madrugada hasta altas horas de la noche y sin contacto con su madre.
Según la acusación, los castigos incluían insultos, golpes, trabajos forzados y humillaciones constantes. Era obligada a vender tortas en la calle, pedir limosnas y realizar tareas domésticas extenuantes. La adolescente también fue despojada de sus documentos y amenazada para no revelar lo que vivía.
El tormento terminó en septiembre de 2023, cuando la madre de la joven insistió en recuperarla. Rufina Salinas la dejó frente a su casa, advirtiéndole que mintiera sobre lo ocurrido.
La diócesis de Ciudad del Este aclaró que la congregación mencionada fue disuelta en 2021 por orden del obispo Guillermo Steckling, y que las acusadas no representan a la Iglesia.
El juez Osmar Legal rechazó los pedidos de nulidad presentados por la defensa y confirmó el juicio oral. Rufina Salinas y Olga Bogado enfrentarán cargos de trata de personas con agravantes, de acuerdo con la Ley N° 4788/12.