Un control de rutina en Ciudad del Este terminó en polémica cuando la diputada colorada Liz Cristina Acosta Brítez se sintió “ofendida” tras ser interceptada por agentes de la Policía Nacional en el kilómetro 4 de la ciudad. La situación no quedó ahí, ya que cuatro efectivos fueron enviados a la capital y quedaron bajo la lupa de las autoridades, aparentemente como represalia por haber molestado a la legisladora.

Según los datos, el equipo de Investigación de Delitos de Alto Paraná se encontraba trabajando en la búsqueda de imágenes de cámaras de seguridad para esclarecer un caso de homicidio reciente en la zona. En medio de su patrullaje, notaron una camioneta circulando con las balizas encendidas, algo que, según las normas, está prohibido para vehículos civiles. Al intentar hacer una verificación, descubrieron que en el rodado iba la diputada Acosta.

La reacción de la legisladora fue inmediata. Se reporta que, visiblemente molesta, llamó directamente al Presidente de la República para quejarse de la “falta de respeto” y, según testimonios, habría dicho a los agentes: “A mí no se me controla”.

Por este incidente, el Oficial Ayudante Eduardo Riquelme y los suboficiales Felipe Casco, Cristian Esquivel y Yanina Vera, quienes participaron del procedimiento, fueron apartados de sus funciones en la ciudad y trasladados a Asunción. Desde la Dirección de Investigaciones de Alto Paraná, expresaron su disgusto por la falta de apoyo de las autoridades policiales superiores, especialmente del Comisario General César Silguero, Director de Hechos Punibles, quien no intercedió para proteger a los agentes involucrados.

Este no es el primer episodio polémico vinculado a Liz Acosta. Según registros, en el pasado habría enfrentado un proceso en Brasil por presunto tráfico de drogas. En esa ocasión, fue localizada en una vivienda en Foz de Iguazú donde se hallaron gramos de cocaína, mientras presuntos narcotraficantes fueron detenidos en los alrededores.

Este tipo de incidentes, donde figuras políticas usan su poder para interferir en procedimientos policiales, alimenta las críticas de la ciudadanía que reclama un trato igualitario ante la ley.